La empresa Panama NG Power hasta la fecha no ha iniciado operaciones para la puesta en marcha de la planta de generación termoeléctrica a base de gas licuado, la misma debía entrar en funcionamiento desde el 1 de noviembre de 2016, para lo cual, Armando Fuentes Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no aplica las medidas legales pertinentes al caso.
La empresa constructora incumple una serie de requisitos indispensable para el desarrollo de esta obra de gran transcendencia para el país, el principal de ellos, es que no cumplió el tiempo estipulado por las autoridades para que la compañía pusiera en funcionamiento la obra.
Armando Fuentes mantiene una conducta fuera de ley
Armando Fuentes en su representación de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, mantiene una conducta irregular en beneficio de la empresa, cuando el funcionario tiene el deber de velar por los intereses de los ciudadanos y no de Panama NG Power.
Por esta acción el abogado Enrique Alberto De Gracia Lezcano interpuso una Depanda Penal contra Armando Fuentes con el fin que el Ministerio Público investigue al funcionario por el delito de abuso de autoridad.
Representante de la ASEP debe hacer cumplir la ley
Puesto que el mismo, está en la obligación de hacer cumplir la ley y aplicar las sanciones correspondientes, que para este caso sería la cancelación de la Licencia Definitiva a Panama NG Power, que se le otorgó para el contrato de suministro y potencia de energía eléctrica por haber perdido vigencia legal por incumplimiento extremo.
Y lo contrario a esto, Fuentes prorrogó de manera irresponsable y arbitraria el contrato concedido a la empresa dirigida por José Dapelo, violando las normas legales panameñas, puesto que actuó a favor de una empresa que no cumple con trámites correspondientes por ley y cuya Licencia Definitiva está vencida
Acciones ilegales causarían daños a la economía panameña
La inobservancia de Armando Fuentes y el no cumplimiento de su función al negarse a aplicar las sanciones correspondiente al caso, como cancelar la licencia a la empresa constructora, pone en riesgo la economía del país, pues esta situación impactará de manera severa en el costo de la electricidad, según estudio realizado por la empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA).
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